El día 23 de septiembre de 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo un total de 28 allanamientos, entre los cuales se incluyó la sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la casa de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel. Al momento del allanamiento, Esquivel ya no se encontraba en su residencia, pero momentos después acudió a la delegación del OIJ en Pérez Zeledón, donde fue detenida y trasladada en una “perrera”.
La razón de los allanamientos se debe a que la Junta Directiva de la CCSS habría otorgado a cooperativas una serie de contratos con sobreprecio para el manejo de 138 Ebais. Según fuentes del OIJ, este incremento costaría CRC 1.033 millones al mes, lo que equivale aproximadamente a CRC 12.400 millones al año, un incremento del 33% con respecto al contrato establecido en el año 2021, cuando usualmente solo se reconoce un incremento del 2 al 3% anual debido a la inflación. Rándall Zúñiga, director del OIJ, señaló que el Departamento Financiero de la CCSS rechazó las modificaciones. También se investiga la duración del contrato, ya que la Ley General de Contratación Pública dispone de un período que no puede superar los 4 años; sin embargo, este contrato se dio por 10 años.
A los acusados se les imputan los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Entre los detenidos se encuentran Marta Esquivel y altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS.
Es evidente que hubo muchos errores en el proceso de otorgar los contratos a las cooperativas para la administración de los 138 Ebais. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿Realmente hubo problemas de corrupción? Y de ser así, ¿quiénes fueron los verdaderos implicados? ¿Era necesario todo este "show"?